Para que una política pública sea funcional, precisa atender, en términos generales, los sectores y las áreas más empobrecidas. Curiosamente, dichas zonas son las que concentran mayor cantidad de jóvenes en las ciudades de nuestro país, lo cual, de entrada, los excluye y cerca con pobreza, violencia y limita su acceso a la recreación y la cultura. Peor aún es que las políticas públicas destinadas a la juventud inicien sus acciones caracterizando a sus propios destinatarios como delincuentes o chavos sin ambiciones. Así, uno de sus mayores fracasos ha sido el utilizar a la juventud como un mero medio de control, de ahí la reticencia de muchos grupos por participar en concursos como el del Estadio Azteca u otros de la mano de Secretarías gubernamentales: la experiencia ha demostrado que la diversidad trastoca a las sociedades, sobre todo a sus autoridades.

Es muy cuestionable que existan concursos o convocatorias destinadas al grafiti, organizados por los gobiernos estatales, mientras que la Secretaría de Hacienda graba con un impuesto del 50% las pinturas de aerosol para frenar su uso entre “delincuentes”; lo mismo que las retribuciones económicas sean nulas o escasas, soltando el mensaje de que el artista lo hace “por amor al arte”. Si de verdad los gobiernos quieren incluir a la juventud, pues han entendido las necesidades, acciones como las promovidas en torno al arte urbano no se abastecen con “liberar” un par de zonas, habrían de establecerse sistemas de becas para proyectos, ayudarse de patrocinios, así como mirar al grafiti como un trabajo y sensibilizar al resto de la sociedad.

Ahora, retomando el tema de la delgada línea entre lo ilegal y legal, otros artistas opinan que, más allá de la regla dorada de riesgo=valor, lo que hacen vale la pena que se realice con más parámetros de calidad, es decir, con tiempo suficiente, sin pintar a la carrera y cuidarse de las autoridades. Otra razón, consideran, es la perpetuidad.